martes, 24 de enero de 2017

Patológicos GRAN NEGOCIO DE MADERNA 2017

El gobierno municipal necesita que el Concejo Deliberante de Trelew apruebe una Ordenanza para conceder a una empresa privada el servicio de recolección de residuos patológicos, lo que constituye uno de los mejores y más rápidos negocios para la administración de Adrián Maderna.
La nueva concesión aparece como un turbio negociado según se infiere de lo que manifiestan las cámaras de clínicas médicas, odontológicas, bioquímicas y veterinarias, que se tendrán que hacer cargo de injustificados aumentos que trepan hasta el 1700%. La multisectorial consideró “arbitrario” el tarifazo y formuló una denuncia administrativa contra Maderna por violación del derecho de propiedad.
Las cámaras patronales están expresadas ante la prensa por el vicepresidente de la Asociación Odontológica, Julio López Ruiz Díaz; el vocal de la Asociación Bioquímica, Mauricio Bensimón, junto a Alberto Schulman expresidente de Seros en el anterior gobierno de Das Neves; el titular de la Asociación de Veterinarios, Pablo Agustinho y el secretario de la Asociación de Sanatorios, Raúl Lozano. Los profesionales de la medicina no fueron consultados en la elaboración de los contratos. La presidenta del Concejo Deliberante Leyla Jones se negó a recibir a la multisectorial acusando a uno de sus directivos de estar alineado detrás de Norberto Yauhar. En su análisis la edil mezcla políticas de servicios públicos con intereses partidarios y personales.
Según el estudio de costos realizado por el Organismo Regulador de Servicios Públicos  el precio del servicio debería rondar los 5,24 pesos el decímetro cúbico, pero el Municipio quiere llevar el precio a los 14,5 pesos el decímetro cúbico. 
A las clínicas les resulta más barato enviar los residuos en un camión a Comodoro Rivadavia, pero el monopólico  proyecto de Maderna prohíbe el transporte de los deshechos. El precio en Trelew sería cinco veces superior al que pagan las clínicas comodorenses.
El facturazo será trasladado a las obras sociales y por consiguiente a los pacientes, que finalmente pagarán el negocio del gobierno y la empresa. El mayor cliente es el Estado por el volumen de residuos que producen el hospital público, los centros periféricos, el asilo de ancianos; entonces el municipio se compromete a hacerle un precio especial.
Públicamente manifestó su preocupación el ministro de Salud Ignacio Hernández. Subrayemos que Hernández, además de ministro es propietario de una clínica privada y por lo tanto afectado en su bolsillo por la calculadora de Maderna.

Los concejales que responden al Frente Peronista de Gustavo Mac Karthy hasta ahora se niegan a votar el proyecto, decisión que traba la concreción del negocio. El diario ‘El Chubut’ considera que la aprobación depende del concejal Oscar Villarroel, dirigente de Empleados de Comercio, gremio que además es dueño de la poderosa obra social OSECAC, la más numerosa del sector privado.
El negocio también afecta al sindicato Camioneros, cuyos afiliados fueron despedidos de Seres, la anterior empresa que trataba los residuos, y deben ser incorporados por la futura concesionaria. Con su habitual diplomacia el gremio ya presionó a los concejales para que aprueben el proyecto de la empresa 

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